Pumarejo no gusta de ediles?

Desde que el cuestionado Alcalde posicionó a los Ediles de las 5 juntas administradoras locales comenzó una odisea para estos, desde el no reconocimiento a salud, salario y distanciamiento.

La Realidad de las Juntas Administradoras Locales (JALs) en el Distrito de Barranquilla

1. LA EXCLUSIÓN DE LAS JALS DE LA TOMA DE DECISIONES

Desde mediados de marzo se empezaron a tomar decisiones trascendentales en la Alcaldía de Barranquilla a raíz de la presencia del COVID-19. Hasta la fecha, se han expedido decenas de decretos distritales en los cuales se plasman las decisiones tomadas por el Alcalde Pumarejo y su equipo de trabajo. Incluso, en un momento, se consideró decretar un toque de queda por localidad o barrio. Lo más lógico de cualquier administración, en un escenario normal (ausencia de pandemia), es vincular a distintos actores (participación ciudadana) en la toma de decisiones. Y si consideramos, que actualmente el Distrito de Barranquilla se encuentra en una situación adversa, para la cual ningún gobernante o asesor se ha preparado, ahora más que nunca, debe involucrar a las JALs al momento de tomar una decisión. Y más, si es una decisión que afecta directamente a una localidad o barrio como la expuesta anteriormente del toque de queda.

Para que el proceso de toma de decisiones sea óptimo, el gobernante debe contar con la mayor información posible, y hoy en día, la Alcaldía de Barranquilla, contando con cinco JALs (75 ediles en total) que al tener contacto directo con las comunidades (son el primer eslabón entre la ciudadanía y la administración distrital) cuentan con invaluables insumos, no las está aprovechando. Las JALs no pueden seguir siendo excluidas si se busca una optimización en la toma de decisiones. En el gobierno de “las puertas abiertas”, se requiere verdadera participación, inclusión y articulación.

2. LA SUPERFICIAL INCLUSIÓN DE LAS JALS EN EL PLAN DE DESARROLLO SOY BARRANQUILLA 2020-2023

Delegados de las cinco JALs de Barranquilla fueron invitados a las instalaciones de la Alcaldía de Barranquilla para comunicar sus necesidades y las de las comunidades que representan, y basadas en éstas, aportar ideas para construir el plan de desarrollo de manera “democrática” o “participativa”. No obstante, las JALs sólo son mencionadas de manera directa, una sola vez, en el plan de desarrollo en cuestión, en el “proyecto: promoción de las Juntas Administradoras Locales”. Éste indica en su linea base, que el periodo de gobierno anterior las 5 JALs ya fueron formadas, y lo que se busca en el presente cuatrienio es seguir capacitando a estas corporaciones anualmente. Pero ¿de qué sirve capacitarse en uno o varios periodos de gobierno, si la Alcaldía Distrital no te proporciona verdaderas herramientas para optimizar tu labor? De acuerdo a la Ley 1617 del 2013, cada localidad debe tener un Fondo de Desarrollo Local (FDL), el cual se debe nutrir de las transferencias que realice la administración distrital (10% de los ingresos corrientes de libre destinación distribuidos entre las 5 localidades). Con los recursos de cada FDL se deben ejecutar los planes de desarrollo local, los cuales son construidos de manera participativa considerando las necesidades y problemáticas de cada localidad. Ahora, si la Alcaldía Distrital no le transfiere recursos a los FDL, éstos no cuentan con presupuesto para financiar los planes de desarrollo local, y por ende éstos se terminan constituyendo en un saludo a la bandera, tal y como viene sucediendo en el Distrito de Barranquilla.

A veces se vocifera que las JALs no tienen presupuesto, y sí es verdad, no es un mito, los ediles trabajamos con las uñas y nos vemos obligados a tocar las puertas en las distintas secretarías y dependencias de la administración distrital (expuestos a que aprueben o desaprueben nuestra solicitud, y si la autorizan después comienza otro drama, toca hacerle constante seguimiento, con elevados niveles de presión, hasta lograr su ejecución) para solventar cualquier problema comunitario, cuando amparados por una ley que se expidió hace 7 años (Ley 1617 de 2013, que a diferencia de Barranquilla, ya las administraciones de Cartagena y Santa Marta las pusieron en practica hace varios años), podríamos utilizar los FDL para resolver más problemáticas y necesidades de nuestras localidades, y con mayor celeridad.

En linea con este panorama adverso, es vital manifestar que tres alcaldes locales y sus respectivas JALs solicitaron la construcción de sedes propias (las otras dos localidades ya cuentan con éstas). Puesto que, actualmente se cancelan elevados arriendos donde operan, y el objetivo no sólo es salvaguardar las finanzas públicas, sino también contar con mayor espacio para poder ofrecerle más y mejores servicios a la comunidad. A pesar de las solicitudes realizadas, al revisar el Plan de Desarrollo 2020-2023, se evidenció que se incluyó el “proyecto: remodelación, adecuación y gestión efectiva de las sedes de la Alcaldía Distrital de Barranquilla”, el cual tiene como meta “remodelar y adecuar 3 sedes”. Así como el periodo de gobierno anterior se construyeron para las autoridades locales dos sedes propias en las localidades Metropolitana y Sur Oriente, el objetivo en este cuatrienio debería ser construir (no remodelar y adecuar) las sedes propias de las localidades Riomar, Norte Centro Histórico, y Sur Occidente.

3. IMPUNTUALIDAD, PARCIALIDAD, Y EVASIÓN: LA HISTORIA DE UN PAGO 

Las JALS tenemos cuatro periodos ordinarios en un año, en cada uno podemos realizar 35 sesiones. Actualmente, ya finalizamos las 35 sesiones ordinarias del primer periodo del 2020 y nos encontramos en el segundo periodo. Estando en el quinto mes del año, y habiendo finalizado desde febrero las 35 sesiones ordinarias del primer periodo, la Alcaldía Distrital sólo nos ha realizado un pago de honorarios correspondiente a 6 sesiones. En teoría, por tarde, las 35 sesiones ordinarias debían estar completamente canceladas a finales de marzo, pero no fue así, el pago de las 6 sesiones se realizó el 28 de abril. Es decir, un mes después y no por el valor total (pagaron el 17% del 100%, aún adeudan los honorarios correspondientes a 29 sesiones), lo que permite evidenciar su impuntualidad y parcialidad en los pagos. Panorama al que es preciso agregarle el elemento de la evasión por parte de la administración distrital, porque cada vez que los ediles tienen interrogantes sobre sus pagos, se dificulta recibir una respuesta concreta y célere sobre dicho asunto.

Al trascender en el análisis, si dividimos los recursos recibidos por las 6 sesiones ordinarias entre los 5 meses que han transcurrido del año, podemos concluir que es como si cada mes hubiéramos recibido una remuneración por debajo del salario mínimo. Si ya de por sí es difícil vivir en Colombia con un salario mínimo, cómo será vivir con menos de un salario mínimo mensual (ni siquiera teniéndolo a la mano, sino solicitando prestamos mensuales de todo tipo durante cuatro meses porque realmente el dinero ingresó fue a finales de abril) en el marco del COVID-19 en el cual aparte de los alimentos para toda la familia, también es indispensable adquirir tapa bocas, guantes, y productos de desinfección, entre otros. Ahora, a esta realidad impera sumarle el hecho de que la población de los barrios más vulnerables de cada localidad se encuentra en una situación crítica. Al no poder salir a laborar y depender de lo que producen en el día a día, presentan altas necesidades básicas insatisfechas, razón por la cual se comunican con las JALs de su localidad a exponerles sus problemáticas. Los ediles al no contar con recursos en los Fondos de Desarrollo Local y al no haber sido tenidos en cuenta en la planeación distrital de las ayudas alimentarias, apelan a sus propios recursos (sin haber recibido pago, o en el mejor de los casos, un pago impuntual y parcial) y a la búsqueda de donaciones privadas para poder garantizar la seguridad alimentaria de los residentes de sus localidades.

Cada pago es un odisea, los ediles reciben ocho pagos anuales por concepto de honorarios por asistencia a sesiones ordinarias, es decir, 32 pagos en el periodo de gobierno, lo que se traduce en 32 odiseas en un cuatrienio. Si ya de por sí se dificultaba recibir un pago, ahora con la expedición del Decreto Distrital 0385 del 2020, aún más. Mediante éste, la función o competencia de ordenación del gasto en cada localidad que le corresponde por la Ley 1617 de 2013 a los alcaldes locales, se le delega a una secretaría distrital. Lo que implica un mayor distanciamiento de los FDL, un retroceso en términos de descentralización, y una dilatación adicional en la tramitología de los pagos.

75 ediles en Barranquilla, tal y como se expuso anteriormente, trabajamos con las uñas a pesar de ser excluidos por la administración distrital. Así como cualquier otro funcionario vinculado a la Alcaldía de Barranquilla, los ediles tenemos derecho a un pago oportuno por nuestro trabajo. Si los FDL estuvieran funcionando, tal y como lo indica la Ley 1617 del 2013, los honorarios de los ediles se podrían pagar puntualmente con los recursos de estos fondos destinados a gastos de funcionamiento. Pero, ya que la realidad distrital es distinta, lo mínimo que merecemos los ediles es contar con pagos puntuales y completos, y respuestas concretas de parte de la Alcaldía de Barranquilla cuando tengamos inquietudes sobre los mismos.

Esta es la cruda realidad de las JALs en el Distrito de Barranquilla, lejos de ser los “mini concejales” que todos se imaginan, los ediles no son vinculados a los procesos distritales de toma de decisiones, fueron incluidos superficialmente en el plan de desarrollo 2020-2023, no cuentan con presupuesto, no todos tienen sedes propias en óptimas condiciones, no siempre tienen la seguridad social al día, y deben luchar incansablemente para resolver una problemática comunitaria o conseguir un pago oportuno. Sólo con la voluntad de la presente administración distrital podremos superar estos obstáculos, para así trabajar de manera articulada en pro de la consolidación de una verdadera Barranquilla Imparable!