Denuncia de la politiquería tradicional contra Caicedo fue archivada en la Contraloría

Por el supuesto detrimento a una obra que se demostró había sido dañada por la comunidad.

Durante años, la politiquería tradicional del Magdalena se ha dedicado a ponerle palos en la rueda a los proyectos e iniciativas lideradas por Carlos Caicedo como líder del progresismo en esta zona del país.

Uno de ellos fue, en su momento, el exrepresentante a la Cámara Eduardo Díaz Granados, perteneciente a la rancia politiquería que azota a este departamento y que desde el Congreso de la República se dedicó a lanzar mentiras y a presentar solicitudes de investigación sobre asuntos que no procedían.

Ese era el caso de la construcción de un muro en el sector conocido como Cerro Fresco. Al respecto, Díaz Granados presentó un control excepcional ante la Contraloría para que se investigara este proyecto, realizado durante el periodo de Caicedo como alcalde y que, después de varios meses de su entrega, se derrumbó.

Lo cierto es que la Contraloría finalmente desestimó la investigación contra Caicedo porque se pudo demostrar que el proyecto se ejecutó en los tiempos y montos acordados. Pero lo más importante: que el daño posterior se produjo por una indebida intervención que la comunidad realizó.

Así queda expuesto en uno de los párrafos de la decisión asumida por el ente de control:

«El hecho generador del daño no es atribuible a los presuntos responsables fiscales vinculados al presente proceso ordinario de responsabilidad fiscal. Conforme a lo expuesto, el agrietamiento y posterior derrumbe del muro del proyecto Cerro Fresco, no correspondió a la gestión o la omisión de los deberes legales y contractuales. Es de señalar que a pesar de la situación de deterioro y derrumbe, se presentaron unas actividades de gestión que fueron ejecutadas posteriormente; por lo tanto, no puede aseverarse que la caída del muro es resultado del incumplimiento de los deberes o de la omisión de los mismos por parte de los presuntos responsables fiscales».

En definitiva, como dice la sentencia: no hay fundamento para imputarle responsabilidad a Caicedo.

La decisión también cobija a los miembros de la Unión Temporal Amoblamiento Urbano, encargados de la ejecución del proyecto.