Al borde del colapso

Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U

La delicada situación que enfrenta la ESE Universitaria del Atlántico (UNA) no es nueva, de tiempo atrás hemos venido denunciando la ineficiente gestión en el sistema de salud pública del departamento y su impacto en el deterioro de la calidad de vida de los atlanticenses. Ahora la grave problemática exacerbada por el paso del tiempo y la ausencia de soluciones, se está saliendo de control, amenazando la red hospitalaria.

La creación de la UNA en 2021, que integró cinco hospitales con el objetivo de asegurar un servicio eficiente y oportuno, terminó por agravar la crisis del sistema de salud en el departamento. Desde su inicio, la UNA enfrentó serios cuestionamientos debido a pérdidas significativas, problemas operativos, retrasos en los pagos a los profesionales, deficiencias en la atención a los usuarios, una administración ineficaz y casos de corrupción. Nada más alejado de la promesa de la gobernadora de garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para todos.

Pese a las estrategias anunciadas por la actual gobernación, la UNA sigue sin levantar cabeza. Con un déficit por encima de los 120 mil millones de pesos, casi el doble que hace un año, se ha ido deteriorando el modelo de salud, cuestionado desde su creación por sus deficiencias y las constantes fallas en el sistema de prestación de servicios. El impago a trabajadores, contratistas y proveedores, ha empeorado la situación. La semana pasada, el personal de la salud afectado protestó para exigir el pago de sus salarios que en algunos casos supera los 6 meses de atraso, la justificada indignación aumenta entre los afectados por la indiferencia de las directivas de los centros hospitalarios.

Los cuestionados contratos suscritos por la ESE UNA estarían por encima del billón de pesos. Según investigaciones del diario El Heraldo, estos millonarios contratos que comprometen recursos públicos hasta 2037 fueron firmados entre el 6 y 29 de diciembre de 2022, en su mayoría con uniones temporales. Estos contratos y desembolsos anticipados deben ser investigados por los organismos de control para que se establezca si se está presentando un detrimento patrimonial.

Cada día se suman más voces a la solicitud de intervención de la entidad de salud. Estamos a la espera de los resultados de la reciente auditoría adelantada por la Superintendencia de Salud a la ESE UNA la semana pasada, para que se confirme la realidad de la situación y se tomen prontas soluciones. Teniendo en cuenta los innumerables perjuicios que se causan a los millares de usuarios del departamento del Atlántico y a trabajadores de la salud, es oportuno solicitar la intervención de todos los órganos de control para que examinen con lupa la situación del sector en el Departamento.

El fracaso de este modelo de salud es un grave riesgo para el bienestar general y la vida misma de los atlanticenses. Si colapsa el sistema tendremos un evidente derrumbe de la red hospitalaria, pero será el pueblo empobrecido quien pague los platos rotos de este drama. Es hora de ponerle toda la atención del caso a la situación planteada.